En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, presentó un balance sobre los avances en el marco del llamado a la reconciliación y los beneficios procesales otorgados a 80 personas, involucradas en presuntos hechos de violencia política entre 2014 y 2018.
La presidenta de la Comisión, Delcy Rodríguez, indicó que las decisiones se han tomado «en el marco del diálogo» pues la comisión considera necesario «reforzar el acercamiento y la confianza entre la delegación del gobierno venezolano y la delegación de un sector de la oposición venezolana», así como «prevenir que Venezuela vuelva a vivir episodios de violencia, contra el orden constitucional y contra la paz de la República, que buscan comprometer el proceso de independencia nacional».
Resultados
La constituyente precisó dos «importantes datos que fueron descubiertos gracias a los trabajos realizados por la Comisión»:
1 – «Los delitos que fueron cometidos tenían un fin político: desestabilizar la República, atentar contra el orden constitucional, y la violencia política».
2 – «Muchas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica y se les pagó para que generaran desestabilización y crearan un escenario en Venezuela que justificase una intervención internacional».
«El proceso se ha hecho de la mano con las víctimas y de las medidas fueron excluidas las personas juzgadas por homicidio o agresiones graves contra la integridad física de un venezolano o venezolana (…) también fueron excluidos agentes del estado que se presume incurrieron en violación de derechos humanos».
Sector opositor
Con respecto a los representantes opositores al gobierno nacional, Rodríguez destacó que «el partido socialcristiano Copei, el pastor Javier Bertucci y cuatro gobernadores de Acción Democrática» han servido de «garantes para el proceso».
Con información de Globovisión
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