Un empresario provocó la muerte de seis personas tras arrollarlas con su auto y el sistema judicial de Colombia está en medio de una gran polémica.
A más de una semana de haberse registrado el hecho, el caso mantiene en vilo a la sociedad colombiana; porque el proceso judicial implica a Enrique Rafael Vives Caballero, un importante empresario y político de la zona.
El arrollamiento ocurrió en la madrugada del pasado 13 de septiembre; cuando Vives Caballero embistió con su camioneta a un grupo de 7 personas; entre ellas varios adolescentes, que al parecer caminaban dentro del canal izquierdo de la Troncal Caribe de Colombia; una arteria vial ubicada en el sector de Gaira de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, al norte del país.
Se decreta dos días de duelo, oramos por las familias de los jóvenes: Camila Romero, Elenoir Romero, Juan Diego Alzate, Laura de Lima, Maria Camila Martínez y Rafaela Petit. pic.twitter.com/pwLlfMC69B
— Alcaldía de Santa Marta (@SantaMartaDTCH) September 14, 2021
El atropellamiento múltiple provocó la muerte de Camila Romero (18 años), Leonir Romero (17); Juan Diego Alzate (15); Laura de Lima (18); María Camila Martínez (24) y Rafaela Petit; una ciudadana de nacionalidad venezolana y de 30 años de edad. El único sobreviviente del hecho fue Bryan José Áñez (14); quien estuvo varios días en coma herido de gravedad.
Horas después del hecho, la policía local detuvo a Vives Caballero y determinó que tenía más de 2 grados de alcohol en la sangre. La audiencia de imputación de cargos se fijó para el miércoles 15 de septiembre, mismo día en que el empresario fue ingresado a una clínica por un «shock postraumático», argumento utilizado por su defensa para ausentarse de los tribunales.
Ante la situación, los familiares de las víctimas pidieron que se diera a conocer el parte médico sobre el estado de salud de Vives, temerosos de una maniobra dilatoria por parte de la defensa del acusado. De hecho, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, dijo que la hospitalización del empresario era un pretexto para eludir la justicia.
¿Quién es Vives Caballero?
Vives Caballero, de 40 años de edad, es reseñado como un reconocido empresario y político regional que, en 2015; fue candidato al concejo de Santa Marta por el movimiento ‘Otra Santa Marta es posible’, según refiere El Espectador. Además, es uno de los propietarios de la compañía Bananitas S.A.S., dedicada al sector alimentos.
El comandante de la Policía de Santa Marta, Jesús de los Reyes, dijo tras su captura que el empresario tenía antecedentes judiciales pendientes y uno de ellos era por exceso de velocidad.
La semana pasada, la defensa de Vives alegó que el empresario se mantenía en un «estado de inconsciencia» que le imposibilitaba comparecer ante la justicia, pero Medicina Legal se dirigió hasta la clínica donde el presunto responsable encontraba hospitalizado, y confirmó que no solo podía ir a tribunales, sino que incluso debía estar recluido de manera preventiva.
En sesión del consejo ampliado de seguridad y convivencia, pedimos a la @PGN_COL asumir por competencia prevalente la investigación disciplinaria por irregularidades advertidas en traslado de Enrique Vives Caballero a diferentes centros de hospitalización. pic.twitter.com/tK3rBKUiZB
— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) September 18, 2021
Así, el viernes de la semana pasada, la Fiscalía lo imputó por homicidio con dolo eventual. Vives no aceptó su responsabilidad, se declaró inocente y aseguró que no le estaba «huyendo a la justicia».
El empresario lo imputaron, tras determinarse que su estado de embriaguez y la alta velocidad a la que conducía elevaron el riesgo del accidente y limitaron su reacción para maniobrar, desviar el vehículo y evitar el arrollamiento. La Fiscalía pidió que se le impusiera la pena máxima «por haber cometido el mismo delito seis veces», una sentencia que podría significar más de 37 años de prisión.
Según el medio local El Tiempo, la defensa ofreció una indemnización de 4.000 millones de pesos (más de 1 millón de dólares), por medio del seguro de todo riesgo del vehículo, a cambio de que los familiares de las víctimas desestimaran los cargos por el arrollamiento.
La propuesta la rechazaron y el abogado de las víctimas pidió el embargo de los bienes del empresario; para garantizar la reparación económica de las familias, así como otros 350 millones de pesos (90.000 dólares) requeridos por los afectados.
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