La prohibición de teléfonos celulares en las escuelas de España ha alcanzado todas las regiones del país, marcando un hito en la política educativa. A un año de la recomendación del Ministerio de Educación y del Consejo Escolar del Estado, todas las administraciones públicas han adoptado normas, resoluciones o instrucciones que restringen el uso de estos dispositivos en aulas, recintos escolares y durante la jornada lectiva.
La medida, que busca mejorar la convivencia escolar y reducir el ciberacoso, ha sido implementada de manera generalizada en todos los niveles educativos, desde Infantil hasta Secundaria. Si bien no existen datos cuantitativos definitivos sobre su impacto, muchas administraciones públicas y centros educativos reportan una mejora en el ambiente escolar y una disminución de los incidentes de ciberacoso.
«La poca evidencia causal de que disponemos de prohibición de móviles en las escuelas muestra efectos positivos sobre el rendimiento académico y la atención y bienestar del alumnado», explica Lucas Gortazar, director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade.
Estudios como el Global Education Monitoring Report de la Unesco respaldan esta afirmación, alertando sobre el tiempo que tardan los niños en volver a concentrarse tras una distracción con el teléfono.
La prohibición ha sido adoptada por regiones de diverso signo político, aunque algunas, como Andalucía, Valencia, La Rioja, Navarra o Baleares, otorgan autonomía a los centros educativos para regular su aplicación según sus planes digitales y de convivencia.
Entre las regiones más pobladas, Andalucía prohíbe el uso de celulares salvo criterios pedagógicos justificados, mientras que Cataluña los prohíbe en Primaria y los permite en Secundaria solo para actividades pedagógicas.
Madrid, por su parte, prohíbe los móviles durante toda la jornada escolar desde el curso 2020-2021.
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