Raquel Dodge, fiscal general de Brasil, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abrir una investigación contra el juez Rogério Favreto por haber cometido, presuntamente, el delito de prevaricato al conceder un “habeas corpus” favorable al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Favreto, aceptó un “habeas corpus” presentado en favor de Lula por un grupo de diputados y ordenó su “inmediata” liberación.
Horas después, la decisión de Favreto fue anulada por el magistrado João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en el TRF-4, corte que condenó a Lula en segunda instancia de forma colegiada a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción, acusado de recibir un apartamento a modo de soborno en la red de corrupción en Petrobras.
Posteriormente, Favreto dictó un segundo auto ordenando otra vez la excarcelación e instó a la Policía Federal a cumplirlo el mismo domingo, aunque las autoridades no actuaron debido al conflicto entre las decisiones de los dos jueces.
El asunto fue finalmente zanjado por el presidente del tribunal TRF-4, Carlos Thompson Flores, quien determinó que ante el conflicto de competencias valía la decisión de Gebran Neto.
Según Dodge, hubo un acto “orquestado meticulosamente” para liberar al ex mandatario.
Con información de Globovisión
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