Durante su programa «Con Maduro +», el presidente Nicolás Maduro expresó su respaldo a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. Esta ley tiene como objetivo principal contrarrestar el bloqueo imperialista y defender la República Bolivariana de Venezuela.
Maduro destacó que esta ley es una herramienta fundamental para proteger al pueblo, el territorio, la soberanía, la historia y el legado de Venezuela. Asimismo, enfatizó que su aplicación será firme contra aquellos que intenten sabotear y generar violencia en el país.
Asimismo el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que esta ley representa un desagravio al nombre del Libertador Simón Bolívar, cuyo legado ha sido objeto de ataques por parte del imperio. Rodríguez resaltó la importancia de esta ley para las nuevas generaciones, quienes heredarán un país libre y soberano.
Ley Simón Bolívar: un escudo contra el bloqueo y la violencia
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 28 de noviembre de 2024. El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que esta Ley representa un instrumento legal para la protección del pueblo, del territorio, de la soberanía, de la historia y del legado que se dejará a las nuevas generaciones.
Esta Ley se fundamenta en el pensamiento y la obra del Libertador Simón Bolívar, quien luchó por la independencia y la unión de la Gran Colombia.
«Esta ley fue aprobada para desagraviar el nombre del más grande hombre que haya conocido la historia de este continente, tan grande es su legado, ejemplo y gesta libertaria que aún más de 200 años después, el imperio que le temía y aún le teme, el imperio que le odiaba y aún le odia, insiste en intentar mancillar su nombre», indicó.
Sanciones severas para quienes atenten contra la soberanía
La Ley establece severas sanciones para aquellos que promuevan o soliciten intervenciones extranjeras, pidan sanciones económicas o respalden el bloqueo contra Venezuela.
En este sentido, se contempla la inhabilitación política por un período de hasta 60 años para aquellas personas que incurran en estos delitos. Esta medida busca proteger la estabilidad política y social del país, evitando que acciones desestabilizadoras pongan en riesgo la paz y el bienestar de la población.
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