El Departamento de Justicia (DJ) de Puerto Rico ha presentado una demanda histórica contra nueve empresas multinacionales de energía y petroquímica por un monto total de mil millones de dólares. La acusación se basa en presuntas prácticas comerciales ilegales que habrían ocasionado graves daños ambientales a la isla.
Las empresas demandadas son:
- Exxon Mobil Corporation
- BP P.LC.
- Chevron Corporation
- Chevron Phillips Chemical Puerto Rico Core, LLC
- ConocoPhillips
- Shell PLC
- Station Maangers of Puerto Rico, Inc.
- TotalEnergies
- TotalEnergies Marketing PR Corp.
Daños ambientales y engaño al consumidor
Según el DJ, las empresas demandadas tenían conocimiento desde hace décadas de los impactos adversos que la contaminación por gases de efecto invernadero proveniente de sus productos generaría en el clima global y el aumento del nivel del mar.
Sin embargo, en lugar de advertir a los consumidores puertorriqueños sobre estas consecuencias, las empresas tomaron medidas para proteger sus propios activos e inversiones, mientras promocionaban indebidamente sus productos y ocultaban sus peligros.
«Estas empresas han actuado con desprecio por el bienestar de Puerto Rico y su medio ambiente. Han puesto sus ganancias por delante de la salud pública y la protección del planeta, y ahora deben responder por sus acciones», señaló el jefe de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
La demanda alega que las empresas:
- No proporcionaron las advertencias adecuadas sobre los riesgos asociados con el uso de sus productos.
- Promocionaron indebidamente sus productos, ocultando sus peligros.
- Implementaron campañas de desinformación para engañar al público sobre los efectos del uso de combustibles fósiles.
Consecuencias devastadoras para Puerto Rico
Como resultado de estas prácticas, Puerto Rico ha sufrido y seguirá sufriendo miles de millones de dólares en costos para:
- Limpiar los desastres causados por la crisis climática.
- Enfrentar la erosión costera.
- Lidiar con tormentas cada vez más potentes.
- Proteger los arrecifes de coral y los bosques de manglares.
Esta acción busca, además, obligar a los demandados a contribuir a un fondo equitativo para mitigar los daños actuales que la conducta ilegal de los demandados ha causado a Puerto Rico.
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