A principios de noviembre del año pasado el Gobernador Rafael Lacava, en su autoridad como jefe político del estado Carabobo, orientó a los alcaldes de los 14 municipios carabobeños a colaborar con la distribución de los servicios públicos ante las denuncias y quejas por parte de la ciudadanía. Entre dichos servicios estaba el gas doméstico.
Luego de la orden dada por el mandatario regional se instauró una dinámica que causó sorpresa y malestar. De repente, voceros y voceras de los consejos comunales organizaban asambleas con sus respectivas comunidades. En ellas se presentaban como «supuestos» ejecutores de un operativo de suministro de gas.
Decimos «supuestos» porque nunca hubo ningún comunicado oficial avalando o tan siquiera explicando este proceder. Ni de PDVSA-Gas doméstico ni de las alcaldías se pronunciaron.
Estos supuestos ejecutores presentaban unas tarifas exorbitantes para un producto regulado. Dependiendo del tamaño de la bombona los precios oscilaban entre los 5.000 y los 26.000, una parte por transferencia y la otra en efectivo, a cuentas de particulares.
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La alternativa era no contar con suministro de gas. Las comunidades así emplazadas firmaban las actas correspondientes y pagaban los montos planteados.
El discurso manejado por estos operarios era que PDVSA-Gas doméstico carece de la capacidad de distribución para repartir el gas. Por eso se había optado por transportes privados.
Estos últimos serían quienes aumentaron de tal forma las tarifas. No se estaba pagando el gas, se estaba pagando el transporte del gas. Según estos operarios, las instrucciones y aval para dicho plan venían de las alcaldías respectivas.
El hecho es que, durante meses, ni por parte de PDVSA-Gas domestico ni de las alcaldías hubo ningún comunicado avalando esta situación. Mientras, estos operarios en apariencia autonombrados (el autonombramiento está de moda) estuvieron cobrando el gas a precios exagerados.
Por otro lado, cobrar una parte por transferencia y otra en efectivo es una venta condicionada. Eso está penado por la ley. Así como también está penado el aumento de las tarifas de los productos regulados.
