Este martes 7 de julio, la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una serie de cambios estratégicos dentro del tren económico del país.
Las nuevas designaciones tienen como propósito central cohesionar el sistema financiero público y potenciar los mecanismos de atracción de capitales nacionales e internacionales.
A través de sus canales informativos oficiales, la jefa de Estado encargada oficializó el nombramiento del economista Calixto Ortega Sánchez como el nuevo presidente del Banco de Venezuela (BDV), la principal institución bancaria del Estado. Para garantizar un diseño de políticas públicas unificado, Ortega Sánchez ejercerá este nuevo rol en paralelo con sus funciones actuales como vicepresidente sectorial de Economía.
«Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia en el área, para cumplir con la tarea de seguir impulsando una banca pública eficiente, cercana a nuestro pueblo y comprometida con el crecimiento económico y productivo de Venezuela», aseveró la mandataria interina.
Calixto Ortega Sánchez Banco de Venezuela
De forma simultánea, el Ejecutivo nacional renovó la directiva del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), designando a Alejandro Puglia como su nuevo presidente. Puglia, quien posee una licenciatura en Finanzas y una especialización en administración de empresas, asume la conducción de este despacho estratégico con miras a acelerar los planes de desarrollo post-contingencia.
De acuerdo con lo expresado por Rodríguez, este joven especialista tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de robustecer las alianzas estratégicas del país y agilizar la captación de inversiones que sirvan de apalancamiento al aparato manufacturero e industrial venezolano.
Coordinación macroeconómica
Con estos movimientos, la administración de la presidenta encargada busca simplificar la toma de decisiones macroeconómicas al concentrar el liderazgo de la banca de desarrollo y la planificación en una sola línea de mando. Asimismo, el relanzamiento del CIIP responde a la necesidad del Estado de consolidar una política de apertura que ofrezca plenas garantías jurídicas y operativas a los inversionistas que deseen participar en los motores productivos de la nación.
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