Con el fin de aprobar la negociación de un préstamo por 109 millones de dólares para un plan de seguridad, el Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, indicó que obedecerá la decisión de la Sala Constitucional, impidiendo de esta forma convocar a una sesión extraordinaria del Legislativo.
Por medio de un comunicado publicado la mañana de este martes, la Presidencia de El Salvador aseguró que el Ejecutivo «se mostró, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes».
No obstante, el pasado domingo, Bukele ordenó la militarización de la sede legislativa. Posteriormente amenazó con una insurrección popular si los diputados no accedían a su demanda.
Pese a que no está de acuerdo con la decisión de la corte, el Gobierno de El Salvador expresó que acatará la decisión de suspender la convocatoria.
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Además Agregó que las medidas cautelares «podrían dificultar el efectivo trabajo» del Gobierno, que presionó para la celebración de la sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa, pese a que la mayoría de los diputados advierten que este no resulta el mecanismo constitucional para ese proceso.
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