En Estados Unidos, un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York presentará una demanda de anulación a la regla de carga pública, presentada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
La medida contará con el respaldo de fuerzas políticas y funcionarios electos de Nueva York, los estados de Connecticut y Vermont.
En ese sentido, la fiscal general estatal, Letitia James, señaló que la demanda de anulación a la regla de carga pública ignora “un siglo de jurisprudencia y leyes que sostienen que los inmigrantes que usan beneficios básicos no monetarios o en efectivo. No se consideran cargas públicas, porque no dependen principalmente del Gobierno”.
Asimismo, la experta judicial aseveró que «la propuesta del Gobierno federal, malinterpreta el propósito de los programas no monetarios. Que han sido diseñados para ayudar a los inmigrantes. Que llegan con medios limitados, a salir de la pobreza”.
Nueva York se suma a más de 15 estados que han presentado una demanda para impugnar la normativa.
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