El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad nacional e internacional para denunciar la detección de un nuevo y masivo derrame de hidrocarburos originado en la vecina República de Trinidad y Tobago.
El documento, difundido por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, subraya que la gravedad y el alcance geográfico de este desastre ecológico han sido plenamente verificados mediante avanzados sistemas de monitoreo técnico. De acuerdo con las evaluaciones iniciales, el volumen del vertido supera con creces en magnitud al incidente registrado el pasado mes de mayo, encendiendo las alarmas de los ministerios de Ecos
Riesgo inminente para las costas y la pesca
La cartografía satelital analizada por las autoridades locales confirma que la mancha contaminante mantiene un desplazamiento constante impulsado por las corrientes marinas hacia aguas jurisdiccionales venezolanas.
Venezuela denuncia nuevo derrame de hidrocarburos
El Ejecutivo advirtió que el evento meteorológico y oceanográfico representa una amenaza directa e inminente para la salud de los frágiles ecosistemas marinos, la estabilidad económica de la actividad pesquera artesanal y la seguridad sanitaria de las diversas comunidades costeras asentadas en el oriente del país.
Ante el avance del crudo, los organismos competentes del Estado activaron de forma inmediata los protocolos de contingencia, monitoreo y mitigación de daños. Estos equipos técnicos y navales trabajan en la colocación de barreras de contención mecánicas para blindar las costas que pudieran resultar afectadas por el impacto de los residuos pesados.
Exigencia de responsabilidades y acciones legales
El texto de la Cancillería adopta una postura enérgica frente a las autoridades de Puerto España, exigiendo formalmente al Gobierno de Trinidad y Tobago que asuma la responsabilidad total de los daños causados. Venezuela solicita la implementación inmediata de medidas correctivas definitivas que prevengan nuevos siniestros de esta índole, demandando además absoluta transparencia en la entrega de información sobre las causas originales, el volumen exacto y el alcance real del siniestro.
Finalmente, el Estado venezolano enfatizó que se reserva de manera soberana el derecho a emprender las acciones legales correspondientes ante las instancias internacionales pertinentes. Estas medidas jurídicas tendrán como objetivo determinar las responsabilidades penales e industriales del caso, exigir las debidas compensaciones económicas por los daños ambientales y establecer un precedente regulatorio para evitar la repetición de hechos similares que vulneren la seguridad de los espacios marinos compartidos en el Caribe.
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