Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha encendido las alarmas sobre la seguridad jurídica en Estados Unidos.
La nueva directiva administrativa, otorga a los agentes migratorios la facultad de entrar por la fuerza en hogares particulares basándose únicamente en sospechas, eliminando la necesidad de una orden firmada por un juez.

Agentes de ICE podrán irrumpir en viviendas
Hasta ahora, la inviolabilidad del domicilio estaba protegida por la exigencia de un aval del poder judicial para cualquier operativo de entrada forzosa. Sin embargo, la administración actual ha sustituido este control externo por órdenes administrativas internas.
Según el documento firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la Constitución no prohíbe el uso de estos instrumentos administrativos para ejecutar arrestos en propiedades privadas.
Esta interpretación ha sido calificada por expertos legales como un «quiebre radical» de la separación de poderes, ya que permite que la propia agencia que ejecuta la ley sea la que autorice sus propias incursiones.
La implementación de esta política ocurre en un clima de alta sensibilidad tras el reciente fallecimiento de la ciudadana estadounidense Renee Good en Mineápolis, quien murió durante un operativo de ICE. Este incidente ha reforzado el argumento de los defensores de derechos civiles: la ausencia de supervisión judicial en las redadas aumenta el riesgo de violencia y errores fatales, afectando tanto a inmigrantes como a ciudadanos.
Un nuevo paradigma en el entrenamiento
La investigación revela que el cambio no es solo operativo, sino educativo. Los nuevos reclutas de la agencia están siendo instruidos bajo este nuevo esquema, dejando de lado los manuales anteriores que enfatizaban el respeto a la Cuarta Enmienda.
Mientras que la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defiende la medida asegurando que los sujetos de estas órdenes ya han recibido un «debido proceso», las organizaciones civiles denuncian que se está normalizando la impunidad estatal al eliminar los frenos y contrapesos que protegen la privacidad del hogar.
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