La Asamblea Nacional aprobó, en su sesión ordinaria de este martes 14 de julio, el proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda. El instrumento legal tiene como meta principal dinamizar y estimular el mercado de alquileres en el país.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, fue el encargado de presentar el proyecto de ley. Durante su intervención, el diputado destacó la necesidad de actualizar el marco legal para ofrecer soluciones habitacionales eficientes a la población.
Hacia la incorporación de 200.000 viviendas al mercado
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el parlamentario, actualmente existen cerca de 200.000 viviendas disponibles o susceptibles de entrar en el mercado de arrendamiento. El objetivo de la ley es movilizar este inventario paralizado.
Para lograrlo, Infante señaló que se pretende robustecer la seguridad jurídica en el sector. La intención es proteger de forma simultánea los derechos de la propiedad, resguardando tanto al dueño del inmueble como al arrendatario.
Con este nuevo instrumento, el Poder Legislativo busca alcanzar un «equilibrio jurídico» necesario. Según las autoridades, esto permitirá desatar los nudos legales que han mantenido frenado el sector inmobiliario de alquiler en los últimos años.
Desjudicialización y celeridad en la resolución de conflictos
Uno de los pilares fundamentales de la propuesta económica y legal es la desjudicialización de los procesos. La nueva normativa apuesta firmemente por la celeridad a través de la implementación de mecanismos de justicia alternativa.
La mediación y el arbitraje se perfilan como las vías expeditas para resolver cualquier controversia entre las partes. Esto disminuirá los tiempos de respuesta y aliviará de forma significativa la carga del sistema de justicia ordinario.
Prohibiciones en zonas de riesgo y nuevas reglas operativas
En el aspecto operativo, el proyecto introduce cambios sustanciales para resguardar la vida de los ciudadanos. La ley prohíbe formalmente el arrendamiento de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo o que presenten estructuras precarias.
El parlamento enfatizó que las autoridades competentes deberán mantenerse vigilantes ante esta restricción. De esta manera, se busca evitar que la necesidad habitacional exponga a las familias a situaciones de vulnerabilidad o peligro.
Flexibilidad en el canon de arrendamiento y depósitos en garantía
Respecto a las condiciones económicas, se informó que las partes podrán acordar libremente el canon y su indexación. En caso de prórroga, se tomará como referencia técnica el índice de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela (BCV).
«Esta medida busca impedir la especulación, pero al mismo tiempo protege el valor real del dinero frente al fenómeno inflacionario», detalló el diputado Infante durante la sesión.
Asimismo, la ley establece una distribución equitativa de los gastos de reparaciones mayores y menores bajo un umbral técnico del 30% del canon.
En cuanto a las fianzas, se permitirán depósitos en garantía o pólizas de seguro de hasta 3 meses, con la obligación de un reintegro inmediato en un lapso de 15 días continuos tras culminar el contrato.
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