La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado este viernes el archiva definitivamente la denuncia contra el cantante Julio Iglesias.
El artista se encontraba bajo el foco judicial tras una denuncia por presunta agresión sexual, trata de seres humanos y malos tratos interpuesta por dos antiguas empleadas.
Falta de jurisdicción en territorio español
El Ministerio Público ha sido tajante en su resolución: la justicia española carece de jurisdicción para investigar los hechos relatados.
Según el decreto de archivo, los episodios denunciados habrían tenido lugar fuera de las fronteras nacionales, concretamente en la República Dominicana y las Bahamas.
A pesar de que las denunciantes prestaron declaración en Madrid hace apenas 48 horas bajo la condición de testigos protegidos, la Fiscalía considera que no existe un «vínculo personal o territorial» suficiente para que la Audiencia Nacional asuma el caso.
El razonamiento jurídico subraya que las autoridades competentes deben ser las de los países donde se produjeron los supuestos abusos.
El factor de la residencia habitual
Uno de los puntos clave del documento técnico es la situación de los implicados. La Fiscalía señala que ni el cantante ni las denunciantes mantienen su residencia habitual o su centro de intereses vitales en España.
«Los tribunales españoles no pueden intervenir cuando las personas señaladas en la denuncia ni residen en el país ni mantienen en él su actividad vital principal«, reza el decreto.
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