En la madrugada de este viernes, el Congreso de Chile llegó a un acuerdo para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981. Será propuesto a la ciudadanía en plebiscito.
Además, el oficialismo y la oposición respaldaron el acuerdo -a excepción del Partido Comunista (PC)- y contempla la realización de un “plebiscito de entrada” en abril de 2020.
“Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia“, escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).
En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como “histórico”.
En este sentido, el primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben “vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile“, así como “el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.
Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, dijo que el consenso es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.
“Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado“; mencionó el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son “una victoria de toda la ciudadanía”.
Preguntas del plebiscito
Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Luego, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50% por miembros electos para este fin.
¿Qué pasará después?
Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. En seguida, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.
En definitiva, la nueva Constitución se someterá a un “plebiscito ratificatorio” de votación obligatoria.
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