En un hito de cooperación judicial internacional, las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una de las organizaciones criminales más crueles dedicadas a la explotación sexual infantil en la región.
El operativo, que incluyó allanamientos simultáneos, culminó con la captura de once personas: ocho en territorio colombiano y tres en el país norteamericano.
La red tenía una de sus principales bases de operaciones en Medellín, donde se coordinaban transmisiones en vivo y la distribución de material de abuso a través de plataformas cifradas. El despliegue contó con la participación de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General, Migración Colombia y agencias federales estadounidenses como el Homeland Security Investigations (HSI) y la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (TCIU).
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su profundo repudio ante los detalles revelados por la investigación. Según el mandatario, entre los capturados se encuentran familiares directos de las víctimas —incluyendo madres, tías y primas— quienes permitían y participaban en los tratos degradantes.
Las víctimas, menores con edades comprendidas entre los 10 meses y los 13 años, eran sometidas a actos de explotación que luego eran comercializados a consumidores extranjeros. En uno de los hallazgos más desgarradores, la inteligencia tecnológica detectó contenido que involucraba a un lactante de apenas 10 meses de edad.
Desarticulada red explotación infantil Medellín
La organización operaba con un alto nivel de sofisticación, utilizando canales de mensajería cifrados y videos en tiempo real para evadir los controles locales. Sin embargo, el seguimiento de movimientos financieros internacionales fue clave para desarticular la estructura. Se determinó que los clientes extranjeros llegaban a pagar hasta 63.000 dólares (aproximadamente 227 millones de pesos) por el acceso a estos contenidos y por la ejecución de abusos en vivo.
Los allanamientos se extendieron por ciudades estadounidenses como Boston, Columbus, Tucson, Fort Lauderdale y Miami, mientras que en Colombia las acciones se concentraron en Cartagena y la capital antioqueña.
Consecuencias legales
Los implicados enfrentan cargos por producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil, así como trata de personas y concierto para delinquir.
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