En una operación conjunta de alto impacto denominada «Alpha MASI», las autoridades colombianas, lograron el desmantelar una peligrosa red transnacional dedicada a la explotación sexual infanti en Medellín.
Según reportó el diario El Colombiano, el balance de la intervención dejó 11 personas capturadas. De estas detenciones, siete se hicieron efectivas en la capital de Antioquia, una en Cartagena y tres más en territorio norteamericano, gracias al apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Una psicóloga entre los implicados
Uno de los puntos que más ha generado indignación en la opinión pública es la captura de una psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello. La mujer desempeñaba funciones en la Secretaría de Salud del municipio vecino a Medellín.
Ante la gravedad de los hechos, la administración municipal de Bello emitió un comunicado confirmando que la implicada no presentaba antecedentes judiciales al momento de su contratación.
No obstante, informaron que ya se iniciaron las acciones legales pertinentes para la cancelación inmediata de su contrato.
El «modus operandi»: Tecnología y traición familiar
La investigación judicial reveló una estructura macabra. La red no solo utilizaba plataformas digitales y transmisiones en vivo para comercializar el abuso, sino que empleaba canales cifrados para evitar el rastreo de las autoridades mientras vendían el material a compradores en el extranjero.
Lo más alarmante para los investigadores fue hallar que el entorno cercano de las víctimas estaba corrompido. Entre los capturados se encuentran madres, tías y amigas de los menores, quienes habrían facilitado el acceso de los delincuentes a los niños a cambio de dinero.
Rescate de menores y cifras del horror
Durante el operativo, las autoridades lograron el rescate de varios menores cuyas edades oscilan entre los 10 meses y los 13 años. Según los reportes oficiales, estos niños eran sometidos a situaciones de extrema violencia para satisfacer la demanda de consumidores internacionales.
Se estima que la organización criminal percibió ingresos superiores a los 227 millones de pesos colombianos (aproximadamente 56.000 dólares) producto de estas actividades ilícitas.
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