El Gobierno de Ecuador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, anunció este domingo una nueva medida para fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio: la exigencia de una visa de tránsito a los nacionales de países que actualmente ya requieren visa para ingresar al territorio ecuatoriano. Esta disposición se enmarca en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional y, en particular, contra las mafias dedicadas a la trata de personas y el tráfico de migrantes.
Según el comunicado oficial difundido en la red social X por la Cancillería, Ecuador «solicitará visas de tránsito a aquellos nacionales transeúntes de los países a los cuales actualmente se les solicita visa para ingresar al país y a aquellos que la autoridad de movilidad humana determine». Si bien el anuncio no especifica la fecha exacta de entrada en vigor de esta nueva medida migratoria, fuentes cercanas a la Cancillería han confirmado que se trata de una acción estratégica para endurecer los controles fronterizos.
Esta modificación en la política migratoria responde directamente al escenario de «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. Desde entonces, el Gobierno ha intensificado sus acciones contra las bandas criminales, designándolas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. La implementación de la visa de tránsito busca cerrar posibles brechas utilizadas por las redes de tráfico de migrantes y la explotación humana, como lo demuestra el reciente rescate policial de nueve extranjeras víctimas de trata de personas en un centro clandestino de explotación sexual.
Países afectados por la medida
Actualmente, Ecuador exige visado a ciudadanos de 45 países. Entre las naciones cuyos nacionales requerirán la visa de tránsito se encuentran: Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Etiopía, Filipinas, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Pakistán, Nepal, Congo, Senegal, Venezuela, Vietnam, Haití, China, Mali, Costa de Marfil y Sudán, entre otros. Esta lista podría ser ampliada por la autoridad de movilidad humana según sea necesario para mantener la seguridad nacional.
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