El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado el paso definitivo para cambiar el mapa demográfico y laboral de España.
La ministra Elma Saiz anunció hoy el inicio de la tramitación de un Real Decreto de regularización extraordinaria, una medida que no solo busca la justicia social, sino que se proyecta como un motor de crecimiento económico para el país.
Regularización extraordinaria España 2026
Esta decisión rescata la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con el aval de más de 700.000 firmas, demandaba una solución para las personas que viven y trabajan en la sombra administrativa. Tras meses de bloqueo parlamentario, el Ejecutivo ha optado por la vía del decreto para agilizar un proceso que se considera «urgente y necesario».
¿Quiénes pueden solicitar la regularización?
El proceso está diseñado para ser inclusivo pero riguroso. Los puntos clave del borrador establecen:
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Residencia acreditada: Los solicitantes deberán demostrar que residían en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
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Protección internacional: Aquellos solicitantes de asilo cuya petición se formalizó antes de la fecha de corte también podrán acogerse al proceso.
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Seguridad jurídica: Es requisito indispensable carecer de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen.
Plazos y vigencia de los permisos
Según las estimaciones del Ministerio, la ventanilla para la presentación de solicitudes se abrirá entre principios de abril y el 30 de junio de 2026. Los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia legal con una vigencia inicial de un año. Este documento servirá como puente para que, una vez vencido, los ciudadanos puedan transicional al régimen general de la Ley de Extranjería, garantizando una integración laboral y fiscal completa.
Datos de Funcas sitúan la cifra de personas en situación irregular en torno a las 840.000. La mayoría de este colectivo procede de naciones latinoamericanas, con una presencia destacada de ciudadanos de Colombia, Perú y Honduras. Para estos colectivos, el decreto representa el fin de la precariedad y la posibilidad de contribuir plenamente al bienestar social de España.
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