Este miércoles, el icónico cantante Julio Iglesias ha ofrecido sus primeras declaraciones a la revista ¡Hola!, tras las denuncias por presuntos abusos sexuales interpuesta por dos de sus ex empleadas. Con un mensaje escueto pero contundente, el artista ha asegurado que «todo se va a aclarar».
Desde su entorno más cercano, la reacción ha sido de absoluta incredulidad. Según informa la citada publicación, el círculo íntimo del cantante niega «totalmente los hechos y muestran estupor ante lo que está sucediendo».
Aunque Iglesias considera que «no es el momento de hablar», ha confirmado que se encuentra preparando su estrategia legal para que prevalezca lo que él denomina el «relato real» de las circunstancias.
Avances en la Audiencia Nacional
Mientras el artista organiza su defensa, la maquinaria judicial en España ha comenzado a moverse. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que tomará declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron casos de acoso y agresión sexual que habrían ocurrido en 2021.
La organización Women’s Link, que representa a las denunciantes, confirmó en una rueda de prensa que el Ministerio Público ha aceptado que las mujeres declaren en calidad de testigos protegidos.
Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, calificó este paso como «fundamental para la búsqueda de la justicia», destacando la agilidad con la que están respondiendo las autoridades españolas.
Medidas de protección y nuevas posibles víctimas
Dada la enorme influencia y el poder económico de Julio Iglesias, el equipo legal de las denunciantes ha solicitado medidas estrictas de protección. El objetivo es evitar cualquier intento de localización o disuasión por parte del entorno del cantante. Entre las medidas destacan:
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Prohibición de contacto entre el artista y las denunciantes.
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Protección total de la intimidad de las mujeres para evitar su revictimización.
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Garantías para otras trabajadoras que aún prestan servicios para el cantante.
Ríos también reveló un dato inquietante: tras hacerse pública la denuncia, otras ex trabajadoras se han puesto en contacto con la organización.
Aunque no se han ofrecido detalles adicionales para proteger su privacidad, esto sugiere que el caso podría ampliar su alcance en las próximas semanas.
Los hechos denunciados habrían tenido lugar en las residencias que Iglesias posee en República Dominicana, Bahamas y España.
Las denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, no residen actualmente en territorio español, por lo que sus declaraciones podrían realizarse de forma telemática bajo estricta reserva sumarial.
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