El gigante español de las telecomunicaciones, Telefónica, anunció ayer en horas de la tarde, su decisión de abandonar sus operaciones en Hispanoamérica, una estrategia que afecta directamente a su filial venezolana, Movistar.
Marc Murtra, presidente de Telefónica, confirmó la estrategia de reestructuración que implica la salida de países como Uruguay, México y Ecuador, entre otros.
Movistar en Venezuela
En el caso de Movistar Venezuela, la empresa entrará en un período de venta, el cual estará supervisado y reglado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), asegurando así la continuidad del servicio para sus clientes.
La decisión, que se enmarca en un plan de Telefónica de concentrarse en sus mercados prioritarios (España, Reino Unido, Alemania y Brasil), no se traduce en un cese inmediato de operaciones en Venezuela, sino en una transición ordenada.
- Los usuarios de Movistar en Venezuela no se verán afectados directamente por la medida, ya que la empresa seguirá operando hasta concretar la venta de sus activos.
- Movistar, que es una de las dos operadoras de comunicaciones más grandes del país (antes conocida como Telcel), posee una amplia infraestructura y una robusta cartera de clientes con los números 0414 y 0424.
- Se espera que el proceso atraiga tanto a inversores internacionales como a grupos locales interesados en adquirir una empresa con licencia de operación vigente. Operaciones similares en la región ya han sido concretadas, como la compra de las filiales de Movistar en Ecuador y Uruguay por parte de la empresa Millicom (matriz de Tigo).
- La nueva compañía que adquiera la filial tendrá la potestad de conservar el actual nombre de Movistar o de implementar una nueva marca e identidad corporativa.
El proceso de transición y venta estará sujeto a la aprobación y supervisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La normativa venezolana exige que cualquier cambio en la propiedad o estructura operativa de una empresa de telecomunicaciones cuente con la autorización y revisión del ente regulador para garantizar los derechos de los usuarios y la estabilidad del servicio.
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