El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) ha anunciado que los motorizados que incumplan las las normas básicas de seguridad de la nueva Ley de Convivencia Ciudadana deberán pagar multas de hasta 50 veces el valor de la moneda de mayor denominación según el Banco Central de Venezuela (BCV).
A partir de ahora, circular con más de dos personas, trasladar a menores de 10 años o transportar cargas excesivas que comprometan la estabilidad del vehículo será motivo de sanción inmediata bajo el nuevo marco jurídico estatal.
Esta normativa legal surge como una respuesta directa a la proliferación de conductas de riesgo en las vías.
Notificaciones digitales
Además, el estado Aragua se suma a la vanguardia tecnológica con la implementación de la notificación electrónica.
Las autoridades ya no dependerán exclusivamente de la boleta física; ahora, las sanciones llegarán directamente a los correos electrónicos y dispositivos móviles de los conductores, garantizando un proceso administrativo más transparente y difícil de evadir.
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«Ponerle el cascabel al gato»: Orden inmediato en las avenidas
La gobernadora Karina Carpio (en conjunto con autoridades regionales como Joana Sánchez) ha sido enfática al declarar que el orden en las vías no es negociable.
Bajo la premisa de «ponerle el cascabel al gato», se anunció que desde este miércoles 8 de abril se activarán despliegues informativos y de control en las arterias viales más importantes de la entidad aragüeña.
Estos operativos no solo tendrán un carácter punitivo, sino también educativo en una primera fase.
Sin embargo, la mandataria regional dejó claro que la permisividad ha terminado y que los organismos de seguridad tienen instrucciones precisas de hacer cumplir la ley para salvaguardar la vida de todos los usuarios de la red vial.
Incentivos policiales y derecho a la defensa
Para garantizar que la ley se aplique con rigurosidad, se ha establecido que los funcionarios policiales reciban bonos de productividad por la imposición de multas.
No obstante, para evitar abusos de poder o arbitrariedades, la normativa contempla la creación de una oficina de atención especial en la sede de la Policía Bolivariana de Aragua para el ejercicio del derecho a la defensa.
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