Este miércoles, la Policía Civil del estado fronterizo de Roraima, al norte de Brasil, formalizó la acusación en contra de una pareja de pastores evangélicos, señalados como presuntos responsables de abusar sexualmente de al menos seis adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años de edad en la ciudad de Boa Vista.
Los sospechosos, identificados como Wenderson Lima de Souza (32 años) y Arielly Kamyla Moraes de Souza (24 años), enfrentan graves cargos judiciales que incluyen violación de persona vulnerable, acoso sexual sistemático y fraude procesal.
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El caso, que se encuentra bajo la estricta investigación de la Delegación de Protección de Niños y Adolescentes (DPCA), se inició en abril tras la valiente denuncia penal de una de las víctimas, una joven de 14 años. La acción legal inicial abrió la puerta para que otras cinco adolescentes de la misma congregación religiosa rompieran el silencio y revelaran haber sufrido agresiones similares por parte de los acusados.
De acuerdo con el expediente de las pesquisas fiscales, la pareja se valía de su posición de liderazgo espiritual y carisma para ganarse la confianza absoluta de las jóvenes y de sus núcleos familiares. Los imputados convencían a las menores de edad de que los actos de índole sexual formaban parte de un supuesto «propósito espiritual», reforzando el sometimiento mediante ofrecimientos económicos y regalos a cambio de su absoluto silencio.
«Las prácticas sexuales eran fruto de una cadena sistemática de manipulación, abuso de autoridad religiosa, chantaje y coacción psicológica», detalló el informe policial.
El factor del «temor reverencial»
Los portavoces de la Policía Civil de Roraima enfatizaron que en este tipo de delitos eclesiásticos queda totalmente descartado cualquier argumento de voluntariedad por parte de las víctimas. Los agentes de seguridad explicaron que el concepto jurídico del «temor reverencial» —el miedo a contrariar a una figura de alta autoridad jerárquica o espiritual— ejercía una presión psicológica devastadora en la mente de las adolescentes, impidiendo que pudieran defenderse o denunciar las agresiones a tiempo.
Mientras el proceso judicial avanza en los tribunales de Boa Vista, la comunidad local y diversas organizaciones de derechos humanos exigen la máxima rigurosidad en la aplicación de la ley para sentar un precedente contra los delitos de abuso de poder dentro de las instituciones religiosas de la región.
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