El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha formalizado una trascendental solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual apunta directamente a retirar la nacionalidad venezolana a cualquier ciudadano que decida sumarse activamente a un ejército foráneo.
El objetivo de la medida, según el jefe de Estado, es castigar a quienes actúen para atentar o, de forma más grave, facilitar una invasión contra el territorio venezolano, poniendo en riesgo la paz y la integridad del país.
El recurso elevado ante la máxima instancia judicial se fundamenta en el marco del Artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Dicho artículo establece claramente el deber de los venezolanos de honrar y defender a la Patria, así como de resguardar y proteger la soberanía y la integridad territorial. La interpretación del Gobierno es que la colaboración con fuerzas militares extranjeras representa una violación directa de este mandato constitucional, justificando la aplicación de las medidas más severas.
La solicitud del líder del Ejecutivo busca que el TSJ autorice no solo la revocatoria de la nacionalidad, sino también la aplicación de todas las medidas pertinentes de acuerdo a la Carta Magna contra los denominados «vendepatrias«.
Esta calificación está dirigida a aquellos ciudadanos que, con su conducta, decidan actuar en contra de los intereses permanentes de la Nación, asociándose o colaborando con agendas que promuevan la injerencia o la acción militar externa.
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