La Fiscalía peruana citó al presidente Pedro Castillo, a realizar declaraciones los días 4 y 9 de agosto debido a supuestas anormalidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía y por delito de obstrucción a la Justicia, dio a conocer este sábado 30 de julio el abogado del mandatario, Benji Espinoza.
«Hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, en el caso de encubrimiento, para el 9 de agosto, ambas son por la mañana», expuso en declaraciones a la prensa el representante legal de Castillo.
El representante legal del presidente Pedro castillo determino que «lo que no se ha definido aún es si el presidente irá a la Fiscalía de la Nación o si la fiscal de la Nación vendrá a Palacio a tomar su declaración».
Esta investigación constituye a dos averiguaciones preliminares que el Ministerio Público inicio recién contra el gobernante peruano; todo esto por la supuesta comisión de los delitos de colusión y encubrimiento personal al aparentemente intervenir en los ascensos militares y policiales; de la misma manera por entorpecer la captura de exfuncionarios de su Gobierno prófugos de la Justicia.
Presidente de Perú, Pedro castillo
El mandatario peruano quien recientemente celebró un año como presidente de la entidad reúne ya cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía; cuatro de estas vinculadas a su gestión.
En la declaraciones ofrecidas a los medios, el abogado del presidente Pedro Castillo, estableció que la posición de la defensa del mandatario; quien desmiente todas las acusaciones, «sigue siendo la misma». de igual manera; esto luego de que su exsecretario Bruno Pacheco se entregará esta semana a la Justicia; tras más de tres meses prófugo.
«La posición de la defensa es una sola: al presidente de la República no se le puede investigar mientras dure su mandato salvo el caso de la traición a la patria, que no son casos que está llevando el Ministerio Público», dictaminó Benji Espinoza.
a cerca de «la entrega voluntaria» de Pacheco, el abogado aseguró que este hecho «reafirma, acredita y prueba que no ha tenido protección presidencial».
El exfuncionario de confianza de Castillo desapareció luego de que el Poder Judicial ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata; un obra vial sobre el río Huallaga; en la selvática región de San Martín.
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