Ante la ola de rumores y especulaciones que inundaron las plataformas digitales recientemente sobre la privatización en las playas, el Gobierno del estado Aragua ha emitido un pronunciamiento oficial.
La gobernadora Joana Sánchez desmintió de forma categórica cualquier intención de privatizar los balnearios de la entidad, específicamente los ubicados en la emblemática Bahía de Cata.
La mandataria regional enfatizó que no existe ningún proyecto ni aprobación legal que contemple la entrega de estos espacios naturales a manos privadas.
Según explicó Sánchez, las dudas surgidas en la colectividad responden a una interpretación errónea de las políticas de gestión, exacerbada por la falta de información oficial oportuna hacia los ciudadanos y prestadores de servicio.
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Un nuevo marco jurídico para el turismo aragüeño
Para poner orden en el uso de los espacios públicos, el Ejecutivo regional prepara la promulgación de una Ley de Convivencia para el estado Aragua.
Este instrumento legal buscará establecer parámetros claros sobre el comportamiento ciudadano, la protección del medio ambiente y la organización de la actividad turística en el litoral central.
Sánchez puntualizó que esta ley no trabaja de forma aislada, sino que se articulará con las normativas municipales del alcalde Wilmer Leal, en Ocumare de la Costa de Oro.
El objetivo es crear un ecosistema donde el visitante conozca sus deberes y derechos, garantizando que el disfrute de la playa no afecte la integridad del ecosistema ni la infraestructura pública.
Rehabilitación integral de la costa: Más allá de Ocumare
El plan de gestión del gobierno regional no se limita únicamente a la aclaratoria legal, sino que incluye una inversión significativa en infraestructura.
Bajo el esquema de la denominada «segunda transformación», se ejecutan actualmente labores de recuperación en comunidades clave como Choroní, Chuao y la zona fronteriza de Puerto Maya.
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