La ministra de Justicia de Reino Unido, Shabana Mahmood, ha encendido el debate público al anunciar un programa piloto para la castración química de agresores sexuales en veinte prisiones. Esta medida, parte de una reforma penitenciaria más amplia, busca abordar la crítica saturación en las cárceles del Reino Unido y prevenir la reincidencia de agresores.
Mahmood explicó ante el Parlamento que se explorará la posibilidad de hacer esta castración obligatoria en algunos casos, siguiendo modelos de otros países como Estados Unidos. No obstante, esta propuesta ya ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos. La ministra subrayó que la administración de medicación para «controlar la excitación sexual problemática» se complementaría con «intervenciones psicológicas» para abordar otras causas de las agresiones, como la búsqueda de poder y control.
Un plan integral: Más allá de la castración química
La propuesta de castración se integra en un informe encargado por el Gobierno al exministro conservador David Gauke, que ofrece diversas recomendaciones para una gestión más eficaz de las plazas penitenciarias. Ante la actual crisis de capacidad, el Gobierno laborista, que asumió el poder en julio pasado, ha anunciado la construcción de tres nuevos centros penitenciarios y ha autorizado la liberación condicional anticipada de presos por delitos menores.
Mahmood confirmó la adopción del modelo de «progresión ganada» propuesto por Gauke. Este sistema permitirá a los reclusos avanzar a través de tres etapas: custodia (con incentivos por buen comportamiento), poscustodia (con supervisión y permisos controlados) y riesgo (sin supervisión activa, pero con posibilidad de reingreso ante reincidencia).
Por otro lado, la ministra rechazó la sugerencia del informe de que los delincuentes peligrosos, incluyendo terroristas, pudieran solicitar la libertad condicional antes (a mitad de condena en lugar de a los dos tercios) si obtenían «créditos» por su rehabilitación. Sin embargo, sí se comprometió a destinar una dotación adicional de 700 millones de libras (830 millones de euros) anuales al Servicio de Libertad Condicional y a invertir más recursos en la gestión de infractores en la comunidad.
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