Este lunes 1 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, activó de forma oficial la consulta nacional para la reforma de la justicia penal, asimismo también anunció el lanzamiento de la línea tecnológica «0800-Extorsión».
Esta herramienta tiene el objetivo directo de combatir las malas prácticas y resguardar la integridad de los funcionarios honestos.
Rodríguez calificó el inicio de este proceso como un «paso estratégico e histórico». Afirmó que la meta principal es garantizar el acceso efectivo a la justicia, la tutela del Estado y el respeto absoluto a los derechos humanos.
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Diagnóstico institucional y tareas pendientes
En su intervención, la alta funcionaria mantuvo una postura firme y autocrítica sobre la situación actual del sector. Reconoció de manera abierta que las instituciones judiciales y de seguridad aún tienen tareas pendientes por resolver.
«Hay muchas cosas que resolver», expresó la presidenta encargada, quien subrayó la necesidad de consolidar una justicia transparente, adaptada a la moral y a la ética que la nación exige en la actualidad.
Ante este panorama, solicitó la colaboración de todos los organismos del Estado venezolano. La meta es erradicar los focos de extorsión que persisten dentro de los cuerpos de seguridad y el Poder Judicial.
Un sistema judicial con estándares internacionales
La mandataria explicó que el debate se desarrollará a nivel sectorial y territorial. Esto permitirá edificar un sistema nacional del siglo XXI bajo los más altos estándares internacionales en materia jurídica.
Rodríguez recalcó la relevancia de la coyuntura actual. Afirmó que el país requiere de manera integral un sistema de justicia que esté a la altura del momento histórico que se juega Venezuela.
Asimismo, la presidenta interina compartió una reflexión personal sobre su vocación por el Derecho, la cual inició en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Recordó que su motivación principal estuvo vinculada al caso de su padre, Jorge Antonio Rodríguez.
Explicó que su meta inicial fue buscar justicia para su padre, quien fue torturado y asesinado en los calabozos de la policía política del pasado. Señaló que, aunque se ha avanzado en las últimas décadas, el escenario actual no es suficiente ni es el que merece el pueblo venezolano.
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Transformación comunitaria y participación de la ONU
Como parte de las medidas inmediatas, la jefa de Estado encargada ordenó la transferencia del antiguo coliseo de la policía del municipio Sucre, en Petare, estado Miranda, a las comunidades organizadas.
Este recinto, utilizado antes para la privación de libertad, será recuperado por la Misión Venezuela Bella. Las instalaciones se transformarán en espacios dedicados de forma exclusiva a actividades culturales y deportivas.
Finalmente, se informó que la consulta pública contará con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela. En las mesas de trabajo participarán diputados, magistrados y jueces de paz para evaluar el funcionamiento de los despachos judiciales y avanzar en la depuración institucional.
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