La Audiencia Provincial de Málaga impuso una condena total de 52 años de prisión a un sacerdote de la diócesis local tras hallarlo culpable de agredir sexualmente a cuatro mujeres, a quienes sometía químicamente utilizando sustancias para dejarlas completamente inconscientes.
Según reportaron este jueves los principales medios de comunicación locales, el procesado —conocido popularmente en su entorno parroquial como el «padre Fran»— utilizaba su investidura y la confianza que emanaba de su rol eclesiástico para acercarse a las víctimas e involucrarlas en su círculo cercano.
Modus operandi y revelación de secretos
La investigación determinó que el clérigo entablaba relaciones de amistad y consejería espiritual con las afectadas a través de distintas dinámicas y actividades religiosas. Aprovechándose de la estrecha cercanía y de la vulnerabilidad de las víctimas, les suministraba de manera oculta una sustancia no especificada en alimentos o bebidas.
Este compuesto les provocaba una profunda somnolencia y la anulación total de su voluntad. Una vez que las mujeres se encontraban en un estado de indefensión absoluta, el imputado procedía a consumar los abusos sexuales y, en paralelo, grababa las escenas en video utilizando dispositivos digitales.
El tribunal desglosó la condena aplicando 12 años de presidio por cada una de las tres primeras agresiones agravadas, cuatro años por el cuarto caso y tres años adicionales por cada delito de revelación de secretos, debido a la filmación no consentida del material íntimo.

Responsabilidad civil y respuesta del Obispado
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia judicial establece que el condenado deberá indemnizar a las cuatro víctimas con un monto total que supera los 403.000 euros en concepto de daños morales y secuelas psicológicas derivadas de los hechos.
Al tratarse de delitos cometidos por un miembro activo del clero en el ejercicio indirecto de sus funciones y entornos comunitarios, el Obispado de Málaga emitió un pronunciamiento oficial en el que manifestó que asumirá la responsabilidad civil subsidiaria y efectuará el pago íntegro de las compensaciones financieras dictaminadas por el Tribunal, reiterando su condena a este tipo de conductas delictivas.
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