Con el objeto de seguir garantizando el servicio público de administración de justicia en todo el territorio nacional, en el marco del período de Alarma Constitucional por la pandemia del COVID-19; el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobó en Sala Plena la Resolución N° 006-2020, mediante la cual se prorroga por 30 días el plazo establecido en la Resolución N° 005-2020; en consecuencia, ningún juzgado despachará desde el 12 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2020, ambas fechas inclusive.
Señala la Resolución que durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales; lo cual no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley.
Al respecto, los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio de administración de justicia; y a tal efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes.
En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período, por lo que los jueces están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del TSJ permanecerán de guardia durante el estado de contingencia, precisa la Resolución del Alto Tribunal.
Asimismo, los tribunales con competencia en materia penal mantendrán la continuidad del servicio público de administración de justicia en el ámbito nacional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, solo para los asuntos urgentes.
De igual manera, el documento señala que los Magistrados y las Magistradas de la Sala Plena del Máximo Juzgado; durante el período de Alarma Constitucional mantendrán el quórum necesario para la deliberación conforme con lo que regulan los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
También, se insta a los jueces y funcionarios integrantes del Poder Judicial a tomar todas las medidas sanitarias en la ejecución de sus actividades; por lo que es obligatorio el uso de guantes y tapabocas en todas las sedes judiciales del país.
Entre otros aspectos, la Resolución también señala que la celeridad y buena marcha de la administración de justicia; está garantizada por el Estado venezolano durante los 365 días del año; con la organización que el orden jurídico establece en garantía de los derechos de la ciudadanía y también de los que corresponden al personal judicial.
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