El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tildó, este jueves 22 de septiembre, de “asesinos” a los 21 expresidentes de España y Latinoamérica, que pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) acciones por su intención se reelegirse.
Además, de ser “corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos”.
Con el fin de “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en El Salvador, estos 21 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina instaron mediante una declaración a la Secretaría General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a actuar.
A través de su cuenta en Twitter, Bukele retomó una publicación de Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), en la que compartió la misiva de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea).
El mensaje dice que “Una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así”.
Una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos.
Todos odiados por sus pueblos.
Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así. https://t.co/U4fPUQXWMJ
— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 22, 2022
Entre los exmandatarios que suscribieron la carta están Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Mireya Moscoso (Panamá), Luis Alberto Lacalle (Uruguay) y Mauricio Macri (Argentina).
La candidatura de Bukele, subraya la declaración, atentaría contra el principio de “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia” y otros mandatos de la Constitución salvadoreña para impedir que quien haya “ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo en 2024 se abrió en septiembre de 2021, cuando una cuestionada Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio de interpretación del artículo 152 de la Carta Magna que se había emitido en 2014.
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