Las recientes lluvias registradas en el estado Sucre dejaron al menos 26 viviendas de cuatro municipios de la entidad oriental afectadas. Los daños principales se concentraron en la pérdida de techos debido a la intensidad de los vientos y el agua.
La información fue suministrada por Edward Vivas, jefe de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) en la región.
El balance oficial se ofreció durante una rueda de prensa en la sede del servicio de emergencias en la ciudad de Cumaná.
Municipios más afectados por las precipitaciones en Sucre
El director de la Zoedan ofreció el desglose detallado de los daños habitacionales causados por el evento meteorológico del pasado domingo. Las estructuras sufrieron daños parciales y totales en sus techados según la evaluación de las comisiones.
El municipio Benítez fue el que registró el mayor impacto, con un total de 13 viviendas afectadas en la localidad de El Pilar. Por su parte, en Marigüitar, correspondiente al municipio Bolívar, se contabilizaron 9 inmuebles con daños estructurales en sus cubiertas.
La evaluación de daños continuó en otras jurisdicciones de la geografía sucrense. Las autoridades locales reportaron 2 casas afectadas en Casanay (municipio Andrés Eloy Blanco) y 2 viviendas más en San José de Areocuar (municipio Andrés Mata).
Despliegue inmediato de los organismos de seguridad y servicios
Ante las contingencias generadas por el temporal, el gobierno regional coordinó una respuesta inmediata para los ciudadanos afectados. Cuadrillas de infraestructura y servicios públicos acudieron a los sectores vulnerables para iniciar las labores de asistencia técnica y social.
«Una vez generadas las incidencias de manera inmediata se desplegaron los equipos de las instituciones de servicios e infraestructura adscritas a la Gobernación de Sucre para atender las afectaciones ocurridas», aseguró Vivas.
El funcionario destacó la importancia de la articulación institucional para mitigar los riesgos ambientales. Los cuerpos de seguridad ciudadana mantienen la prioridad de resguardar la vida y los bienes materiales de la población civil en las zonas de impacto.
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