En un paso significativo para la operatividad de los canales de comunicación internacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido una clarificación clave.
Mediante enmiendas al Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR), se autoriza a las misiones oficiales del país suramericano en territorio estadounidense el acceso a servicios básicos y suministros esenciales.
Esta medida beneficia tanto a las misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de EE. UU. como a las representaciones permanentes ante organismos multilaterales, tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La nueva disposición permite romper el bloqueo financiero que impedía la operatividad mínima de estas sedes. Bajo la figura de la «Sostenibilidad Operativa», se autorizan los pagos por servicios públicos, contratos de mantenimiento y otros suministros necesarios para el cumplimiento de los asuntos oficiales.
Anteriormente, la rigidez de las sanciones dificultaba que las instituciones financieras procesaran pagos rutinarios, comprometiendo la infraestructura de las delegaciones.
OFAC autoriza trámites embajada venezolana en EE. UU.
Un aspecto relevante de esta licencia es su extensión al ámbito personal. El personal diplomático y sus dependientes directos ahora cuentan con el aval legal para realizar transacciones cotidianas relacionadas con:
Alimentación y transporte.
Servicios de salud.
Gastos personales básicos.
Esta aclaratoria busca evitar que las cuentas bancarias de los funcionarios sean bloqueadas o rechazadas por error de cumplimiento (overcompliance) por parte de los bancos.
Restricciones vigentes en el sector inmobiliario
Pese a la flexibilización en gastos operativos, la OFAC mantiene límites estrictos sobre los activos del Estado venezolano. El anuncio enfatiza que persiste la restricción sobre bienes raíces; por lo tanto, no se permite la compra, venta, traspaso o refinanciamiento de inmuebles. Los activos inmobiliarios que han sido objeto de disputa política en los últimos años permanecerán congelados bajo el marco regulatorio actual.
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