La Procuradora General de Colombia, Margarita Cabello, hizo un llamado a las autoridades para que atiendan la alerta del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (SIMCI) en relación con el aumento y concentración de cultivos ilícitos en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
“La concentración de cultivos trae consigo un aumento en diferentes variables. Por ejemplo, incrementan las minas antipersonales, municiones sin explosionar y los artefactos explosivos improvisados; aumenta la probabilidad de violación de derechos humanos por, entre otras cosas, el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales; y, evidentemente, se termina promoviendo la corrupción y la violencia”, explicó la jefe del Ministerio Público.
Durante su intervención en el Espacio Regional para la Promoción de los Derechos de líderes y lideresas sociales, capítulo Catatumbo, organizado por la Entidad, la Procuradora analizó los riesgos que trae para las comunidades esta proliferación.
Complejo panorama
Durante su encuentro con líderes sociales y autoridades de la subregión del Catatumbo, la Procuradora llamó la atención sobre el bloqueo institucional que se presenta en la zona, donde el Estado no ha podido recuperar su presencia y control en los territorios disputados por grupos ilegales generando incertidumbre, inseguridad alimentaria, más cultivos ilícitos, corrupción, y miedo a denunciar por parte de líderes y lideresas.
“Los riesgos contra estas comunidades aumentan, como lo ha registrado el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en más de 19 oportunidades. Entre los principales se encuentran los confinamientos, las extorsiones, las amenazas, los constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto. En general, encontramos grandes limitaciones para que la población en riesgo tenga acceso a rutas de protección”, apuntó la doctora Cabello Blanco.
La Procuradora aseguró que la Entidad participa en este y otros escenarios en aras de exigir la protección de los líderes y lideresas sociales y que las autoridades competentes orienten su gestión hacia la superación de las amenazas. Reiteró, además, que el Ministerio Público verificara rigurosamente el cumplimiento de las rutas de atención establecidas por la ley, so pena de iniciar acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que las desconozcan.
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