El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el carácter orgánico de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, remitida por la Asamblea Nacional (AN) tras ser sancionada, por considerar que tiene las características jurídicas de este tipo de normativas, en cuanto a su “forma y contenido”.
La decisión fue expresada en la sentencia 0315 de la Sala Constitucional, cuya redacción estuvo a cargo de su presidenta, magistrada Gladys Gutiérrez.
La Sala determinó que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio tiene por objeto desarrollar preceptos constitucionales “los cuales propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico el patrimonio moral, la ética, el bienestar del pueblo, lo cual es cónsono con la lucha anticorrupción como política pública del Estado y como bandera de la ley que aquí se está analizando”.
La Sala igualmente detectó que la ley analizada “se perfila a coadyuvar en la prevención de las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que tienen un impacto negativo sobre la sociedad”.
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue propuesta en medio de la Operación Anticorrupción iniciada por el Gobierno el pasado 17 de marzo, en la cual se han decomisado bienes producto de actos ilícitos contra las empresas estratégicas del Estado y con la cual se busca encauzar penalmente a los implicados.
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