Un juez federal estadounidense dictaminó el jueves que se puede iniciar el proceso de venta de acciones de Citgo; subsidiaria en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA; para compensar a la canadiense Crystallex por la expropiación de una mina en Venezuela.
Leonard Stark, juez de la Corte Federal del Distrito en Delaware, consideró que “ha llegado la hora” de que esos procedimientos se implementen “en la mayor medida posible” a pesar de las limitaciones existentes.
Venderán acciones de Citgo
“Todas las partes acuerdan que, de acuerdo con las leyes y políticas aplicables; no se puede realizar una venta de acciones de PDVH (el holding de Citgo en Estados Unidos) sin una licencia específica” del Tesoro de Estados Unidos; escribió en la argumentación que acompaña su decisión.
Esta decisión se suscita luego de una demanda promovida por la transnacional canadiense con la asesoría del abogado venezolano; José Ignacio Hernández, quien dos años después fue designado como “procurador especial” del llamado “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó; convirtiéndose en el “defensor” de los intereses de Venezuela, acción irregular que fue denunciada por la vicepresidente Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez; quien afirmó que estas evidencias desnudaban el plan fraguado por el extremismo opositor, EEUU y Canadá; para hacerse con el control de Citgo, que posee tres refinerías en suelo estadounidense así como una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país.
La defensa por parte de las autoridades legítimas de Venezuela estuvo cercenada por la decisión de EEUU de desconocer al Gobierno venezolano y sus instituciones; esto con el objeto de favorecer la fórmula de la “presidencia interina” del autoproclamado Guaidó; por lo que la responsabilidad de este fracaso jurídico que pone en riego de pérdida a este activo de la República; recae sobre las “autoridades” del llamado “gobierno interno” que aseguró continuará “explorando estrategias y acciones legales”; aunque no han precisado quien las llevará a cabo dado que Hernández renunció como “procurador especial”.
El juez Stark dijo que las partes deberán reunirse y, antes del próximo viernes 22 de enero; presentar un informe conjunto con propuestas sobre el proceso de venta.
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