El Ministerio Público de Venezuela informó el inicio formal de una investigación penal en relación con un presunto allanamiento ilegal, en un establecimiento privado destinado al entretenimiento en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente que tuvo lugar el pasado sábado 30 de mayo de 2026 incluye la ejecución de actos contrarios a la ética pública. Las autoridades competentes ya se encuentran recabando las evidencias necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el local comercial.
Fiscalía 98 Nacional y Fiscalía 21 de Lara asumen el caso
Para garantizar la transparencia y la rigurosidad del proceso judicial, la administración de justicia designó a dos despachos fiscales específicos. La Fiscalía 21 del estado Lara trabajará de manera conjunta con la Fiscalía 98 Nacional.
Cabe destacar que la Fiscalía 98 Nacional cuenta con competencia especial en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género. Esta designación responde a la naturaleza de las denuncias y a los presuntos abusos cometidos durante el procedimiento.
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Cinco funcionarios de la PNB a disposición de la justicia
Tras conocerse la situación, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) activó de manera oportuna sus mecanismos de control interno. La institución procedió a la suspensión y detención preventiva de los involucrados en el suceso de Barquisimeto.
Como resultado de esta acción interna, cinco funcionarios de la PNB fueron colocados a disposición inmediata del Ministerio Público. Los uniformados permanecen bajo custodia a la espera de los lapsos legales correspondientes.
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Presentación ante los tribunales de control por corrupción
Fuentes judiciales confirmaron que los cinco policías implicados serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Lara. La representación fiscal imputará formalmente a los agentes según lo establecido en las leyes venezolanas.
Los delitos que se les precalificarán provisionalmente están consagrados en el Código Penal vigente y en la Ley contra la Corrupción. El proceso determinará las responsabilidades individuales de cada uno de los funcionarios actuantes.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público ratificó su compromiso institucional con la legalidad. El organismo aseguró que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando por el debido proceso.
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